Recuperación y el impacto de la infraestructura

Carlos Cruz

Nos hemos referido con anterioridad a la enorme capacidad de la infraestructura para ayudar a recuperar el ritmo de crecimiento del país y revertir la tendencia al desempleo que dejará la pandemia. Pero para que las iniciativas se concreten, es necesaria -lo hemos dicho también- una inyección de inversión pública significativa. En esa línea, el Gobierno ha dispuesto, para fines de recuperación, el Fondo Covid de US$ 12 MM, del cual la infraestructura requeriría de cerca de US$ 4.500 millones para impulsar obras en el corto plazo. Para dimensionar esta cifra, baste decir que correspondería a casi un 50% más del presupuesto anual del MOP. Estos recursos se le inyectarán a la economía desde diferentes ministerios, con especial énfasis en iniciativas que estén disponibles, con un alto impacto empleo y con una distribución regional.

Ahora bien, el impacto de este plan de inversión tiene algunos requisitos que no se pueden soslayar. De partida, es necesario que se sume al presupuesto de inversión anual de cada uno de los ministerios que están comprometidos en este programa, ya que, si es compensación de los ajustes que el Gobierno ha hecho para financiar la transferencia de subsidios de distinta naturaleza asociados a las crisis, no tendría mayor relevancia. No debemos olvidar que, sólo al Ministerio de la Vivienda se le recortó el presupuesto en US$ 600 millones en abril. Será necesario, por tanto, evaluar este esfuerzo una vez que se conozca el presupuesto de inversiones para 2021 y este se compare con lo efectivamente destinado a dicho propósito durante 2019 y este año.

Se requiere, además, asegurar que la conducción de este plan responda, efectivamente, a un liderazgo claro de, en este caso, el ministro de OOPP, para lograr una coordinación activa que permita materializar las inversiones. Como CPI hemos sugerido la necesidad de generar una instancia que proponga una mirada de largo plazo para la inversión en infraestructura, que coordine operativamente el trabajo de diferentes reparticiones (ministerios, empresas del Estado, gobiernos regionales); que haga el seguimiento a esas iniciativas y corrija el rumbo, cuando sea pertinente. Este paso puede ser el primero en validar la necesidad de coordinación de estas características para asegurar el impacto de la inversión en infraestructura y las complementariedades de las diferentes iniciativas.

Los montos comprometidos en la propuesta del Gobierno no son diferentes a los que se le propusieron en el Plan de Reactivación y Empleo presentado por un grupo de gremios y colegios profesionales en julio, aunque este contemplaba alcanzar los 250 mil nuevos empleos durante el segundo semestre. La principal diferencia está en la infraestructura urbana, donde debiera concentrarse un esfuerzo muy superior por la alta visibilidad y la recomposición de las confianzas en el accionar del Estado que ello puede permitir. Será labor del gobierno ver cómo este plan se puede ejecutar lo más rápido posible.

Finalmente, para que este esfuerzo tenga un impacto de mayor trascendencia y asegure su proyección a largo plazo, es necesario considerar algunos principios básicos a la hora de evaluar las iniciativas en infraestructura: los procesos de adjudicación deben ser transparentes y a prueba de cualquier anomalía que ponga en duda los procedimientos; y deben contemplar la correspondiente “licencia social”, de modo que la comunidad directamente beneficiada se sienta comprometida. Y desde luego es necesario garantizar que los proyectos que se ejecuten sean ambientalmente sustentables.